¿Es posible seguir luchando por justicia 24 años después de un crimen? Sí, la activista Norma Andrade es un ejemplo claro de perseverancia en la búsqueda de la verdad y en evitar que el feminicidio de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, quede impune. Su incansable labor también destaca su valentía al exponer la violencia sistemática y la negligencia de las autoridades.
A 24 años de su lamentable pérdida, Norma Andrade logró llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica. Fue el 26 de marzo de 2025 que se celebró la audiencia en la que la activista detalló las múltiples deficiencias en la investigación del feminicidio de su hija en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Destacó la rotación de ocho fiscales y la falta de pruebas de ADN del único detenido, Manuel “N”, quien fue arrestado en 2018. También relató los constantes ataques y amenazas que ha sufrido debido a su activismo, incluyendo dos atentados en 2011 y 2012, que la obligaron a desplazarse y vivir bajo protección.
Andrade enfatizó que su lucha trasciende la búsqueda de justicia para su hija, abogando también por políticas públicas que protejan a los niños y niñas que quedan huérfanos debido a feminicidios en México, pues cabe recordar que Lilia tenía dos hijos. A pesar de los esfuerzos del Estado mexicano por demostrar avances en la investigación, la falta de pruebas concluyentes y medidas efectivas ha mantenido el caso en la impunidad.
Andrade también sostuvo que, a la fecha, las investigaciones siguen detenidas, pues la justicia mexicana apela que la persona detenida por el feminicidio seguirá en prisión y que afinará las líneas de investigación, pero la activista señaló que no hay una vinculación real del supuesto culpable y que aún no se ha aprehendido al verdadero agresor o agresores.
Ahora, solo se está a la espera de que la CIDH emita su sentencia, la cual se prevé para finales de 2025 y que de resultar positiva para la activista, sentaría un precedente en la lucha contra la violencia de género en México.
Recorrido por los hechos
- 14 de febrero de 2001: Lilia Alejandra desapareció a la salida de su trabajo en una maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su madre, Norma Andrade, reportó su desaparición de inmediato, pero las autoridades le pidieron que esperara 72 horas para iniciar la búsqueda.
- 21 de febrero de 2001: el cuerpo de Lilia Alejandra fue encontrado en un terreno baldío. Presentaba signos de violencia sexual y física. Ese día iniciaron las investigaciones por el delito de homicidio y violación
- 06 de marzo de 2001: el Ministerio Público determinó que la causa de la muerte de Lilia Andrade había sido por estrangulamiento manual con características de homicidio posterior a un ataque sexual. e iniciaron las investigaciones que consistieron en exámenes del cuerpo de la víctima y el perfil genético del semen encontrado en otras víctimas.
- 2010: la Fiscalía de Chihuahua encontró una coincidencia entre el agresor de Lilia Alejandra y el perfil del agresor de cuatro mujeres más. Se acordó una investigación en relación con el nuevo hallazgo de perfil genético en común.
- 8 de junio de 2010: la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua apuntó que el agresor de los casos mencionados sería un familiar masculino de un agente del Ministerio Público.
- 2017: la Fiscalía solicitó al FBI información sobre uno de los integrantes de la familia de dicho agente, lo cual fue desestimado por las autoridades dado que no reunía los requisitos legales mínimos.
- 7 de mayo de 2018 el Estado mexicano alegó estar analizando el expediente de Lilia Alejandra desde una óptica renovada, tomando en cuenta los homicidios de Ciudad Juárez en las diferentes épocas.
- Mayo de 2018: Manuel "N", a quien se le señaló como un feminicida serial, fue detenido y se le vinculó al caso de Lilia como principal sospechoso, pues se le relacionaba con las muertes de más jóvenes entre 1995 y 2005. Sin embargo, a la fecha, no se le ha realizado una prueba de ADN que confirme su implicación.
- 26 de marzo de 2025: Norma Andrade presentó el caso ante la CIDH en Costa Rica, acusando al Estado mexicano de tortura sexual, deficiente investigación y violaciones a los derechos humanos en el caso de su hija.