Por: Ana Paulina González/Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Las mujeres en México aún no tenemos justicia económica. Muchas de nosotras seguimos excluidas del sistema laboral y carecemos de ingresos propios; otras podemos trabajar, pero no tenemos un ingreso suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas y superar el umbral de pobreza; tampoco tenemos acceso a servicios de salud, seguridad social, un horario adecuado o un contrato estable. Y muchas estamos trabajando en la informalidad.
Hoy seguimos siendo violentadas por la discriminación, la desigualdad, la exclusión y precariedad laboral que limitan nuestro acceso a una vida digna. Las razones son varías, pero una de ellas es la sobrecarga de trabajos de cuidados.
En Acción Ciudadana Frente la Pobreza hicimos un reporte especial que cuenta historias de ocho mujeres ficticias que representan algunas de las realidades de exclusión y precariedad laboral que aún vivimos.
Estas historias se entrecruzan distintas situaciones y condiciones que dan cuenta de algunas de las desigualdades económicas que enfrentamos diariamente. Aquí algunos datos relevantes:
Para 2024, la exclusión laboral de las mujeres persiste: casi 22 millones de mujeres están fuera del sistema laboral; de ellas, 4.3 millones estaban desempleadas y 17.7 millones no estaban disponibles para trabajar por dedicarse a labores de cuidado sin remuneración.
Las mujeres que trabajan lo hacen en condiciones precarias: de 24.3 millones de mujeres ocupadas, 80 % no gana lo suficiente para sobrevivir, es decir, para comprar dos canastas básicas; 60% no tienen acceso a seguridad social y casi 2 de cada 10 trabajaron jornadas excesivas de más de 48 horas.
A esto se le suma la feminización de los trabajos informales: del total de mujeres que trabajan, 55 % tienen un empleo informal. Situación que se vuelve aún más precaria si se considera que en estos empleos ya son 9 de cada 10 mujeres las que no cuentan seguridad social.
Además, si le vamos sumando otras características, la precariedad, la exclusión y la desigualdad se agravan: 43 % de las mujeres indígenas no logran conseguir un trabajo y 85 % de las mujeres trabajadoras domésticas ganan salarios de pobreza.
No hay duda, la justicia económica para las mujeres sigue siendo un tema pendiente. Para lograr una transformación real, es crucial derribar las estructuras discriminatorias que perpetúan la exclusión y precariedad laboral; requerimos un compromiso social firme que cambie las relaciones asimétricas en el ámbito laboral y familiar; abogamos por la creación de un sistema de cuidados, la eliminación de la discriminación en la contratación, el fomento de la participación de las mujeres en otros sectores de la economía y el incremento de los ingresos en general.
Ana Paulina González es responsable de investigación y datos en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Ha colaborado en distintos puestos en la administración pública federal y es experta en análisis y evaluación de políticas públicas, perspectiva de género y políticas sociales.