En la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México del 3 de abril del 2025, la diputada local de Morena, Ana Luisa Buendía García, presentó una iniciativa que busca que los casos de violencia familiar se persiga por oficio, abriendo la posibilidad de que un tercero pueda dar testimonio de los hechos de violencia ocurridos. También añade un agravante, en la pena principal por el delito de violencia familiar pasa de un año a seis meses de prisión a de un año seis meses a nueve años de prisión.
Con ello, la diputada propone reformar el artículo 200 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, argumentando que la denuncia de delitos de este tipo no puede depender de la voluntad de la persona que se encuentra en una situación de violencia y vulnerabilidad. También resaltó la injusticia que sufren las víctimas de este tipo de violencia al tener que enfrentar solas las denuncias y ganar la credibilidad de la sociedad y las autoridades.
En el documento presentado por la diputada, se destaca que “muchas veces, las víctimas, bajo presión o manipulación del agresor, retiran las denuncias o conceden el perdón, lo que impide que se tomen medidas legales efectivas contra el agresor…La facilidad con la que se puede obtener el perdón en casos de violencia familiar aumenta la violencia contra las mujeres, ya que perpetúa un entorno en el que el agresor no teme represalias legales”.
Además, enfatiza los beneficios que se pueden alcanzar si la violencia familiar se persigue de oficio serían: proteger a las víctimas que no se atreven a denuncia por miedo; garantiza una respuesta efectiva y rápida de las autoridades; fortalece la erradicación del delito de violencia familiar y protege a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Algunos datos estadísticos
En la iniciativa, la diputada Buendía da cuenta de algunos datos estadísticos con los que remarca la relevancia de reformar las leyes en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad dentro de sus hogares. Señala que de los delitos de género registrados en el país, la violencia familiar resalta por ser de los más graves. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), menciona que de octubre de 2023 a septiembre de 2024, se estima que en 8.4 % de los hogares en áreas urbanas de interés hubo algún tipo de violencia en el entorno familiar; de estos casos, 27.3 % involucraron a menores de edad.
También se estima que 7.5 % de personas de 18 años y más fue violentada en el entorno familiar; en mujeres este porcentaje fue de 8.5 %, mientras que en hombres fue de 6.2 %. Por otro lado, 5.1 % de las personas reporta haber sufrido ofensas o humillaciones por algún miembro de su hogar. 45.6 % reportó que la o el principal agresor fue alguien sin parentesco especificado. Siguió esposo, esposa o pareja sentimental con 23.5 % .
Buendía también declaró que “la reforma va dirigida a romper este círculo perverso; convertir la persecución de este delito en un acto de justicia automática, que no dependa del sufrimiento silencioso de las víctimas, sino de la obligación de nuestras instituciones de protegerlas. No más trabas, no más burocracia que beneficie al agresor. La violencia familiar debe ser combatida con todo el peso de la ley, sin concesiones”.
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