La Ley Sabina es una reforma legislativa en México que busca sancionar y prevenir el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias por parte de deudores. Esta iniciativa surgió en 2021 gracias a la labor de Diana Luz Vázquez Ruíz, una activista originaria de Oaxaca. Su impulso se debió a la experiencia personal de enfrentar la falta de apoyo económico para su hija, Sabina, por parte de su expareja, el político oaxaqueño Martín Rosado Chávez.
Recorrido de la reforma
El conjunto de reformas conocido como la Ley Sabina nació de un movimiento de madres a nivel nacional que, desde 2021, exigen que los padres irresponsables cumplan con el pago de la pensión alimenticia. Este movimiento comenzó en Oaxaca y se extendió por todo el país, principalmente a través de protestas en plazas públicas, donde se colocan tendederos con los rostros de los deudores para visibilizar la violencia económica y la falta de apoyo estatal en relación con las necesidades de las infancias y las madres.
Fue el 22 de marzo de 2023 que el Senado de la República aprobó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias con la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Posteriormente, el 2 de mayo de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador expidió el decreto de ley para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Lo más destacable del registro, es que surge con el objetivo de obligar a los padres a cumplir con sus responsabilidades económicas hacia sus hijos e hijas, ya que establece que su objetivo es "concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes".
Derivado de este registro, se estableció que las personas que busquen realizar un trámite, como obtener alguna licencia, pasaporte, documento de identidad o que busque participar por la elección a algún cargo público, así como solicitar matrimonio, tienen que presentar como requisito el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Retos y avances en la aplicación de la reforma
Aunque la Ley Sabina está por cumplir dos años de publicación en el DOF, su implementación ha enfrentado varios obstáculos. Un ejemplo claro de ello es el que expuso la activista Diana Luz Vázquez, quien en 2024, a casi un año de que se aprobó la ley, destacó que San Luis Potosí fue una de las entidades que mostró resistencia en su aplicación, a pesar de que datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que el estado ocupa el octavo lugar en hogares que se sostienen económicamente sin el padre, por lo que casi el 30% de las familias tienen un padre ausente. De esto, recalcó que el registro no es público, lo cual lo "hace deficiente".
Otro reto significativo es la resistencia por parte de los propios deudores alimentarios, quienes buscan ampararse contra las disposiciones de la ley. Estos individuos argumentan que las medidas, como la inclusión en registros públicos de deudores y la prohibición de acceder a cargos públicos, violan sus derechos laborales, al honor y a la libre movilidad. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha respaldado la constitucionalidad de estas medidas, enfatizando que los derechos de las niñas, niños y adolescentes prevalecen sobre los intereses de los deudores.
La Corte ha establecido que una vez que los deudores saldan su deuda, sus nombres son eliminados del registro, subrayando que el objetivo no es punitivo, sino garantizar el bienestar de las infancias. Este respaldo judicial ha sido fundamental para la consolidación y aplicación de la Ley Sabina en diversas regiones del país.
A pesar de que esta ley ya es de orden constitucional, al acceder al sitio oficial del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que sistematiza toda la información de los deudores y que les permite expedir un certificado de no adeudo, se despliega un aviso en el que se señala que únicamente se cuenta con el registro de deudores de las siguientes entidades de la República: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
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