El 22 de marzo de 2025, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresó su profunda preocupación al iniciar el nuevo año escolar en Afganistán, ya que cerca de 400 mil niñas se verán privadas de acceder a la educación secundaria. Esta situación eleva a aproximadamente 2.2 millones el total de niñas que no pueden ejercer su derecho a la educación en el país.
Desde que los talibanes retomaron el poder en 2021, se implementaron restricciones que impiden a las niñas asistir a la escuela secundaria y acceder a la educación superior. Afganistán es, actualmente, el único país que prohíbe la educación secundaria y superior femenina, justificándolo con su interpretación de la sharia o ley islámica.
Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, advirtió que si la prohibición continúa hasta 2030, más de cuatro millones de niñas no podrán acceder a la educación secundaria y superior. Señala que las consecuencias de esta medida afectan no solo el bienestar y las oportunidades de las niñas, sino también el desarrollo social y económico de Afganistán.
Una de las consecuencias más marcadas que se han registrado por la prohibición en la educación es el aumento de los matrimonios a muy temprana edad, lo que ha desencadenado consecuencias negativas para la salud y bienestar de las niñas. Otra de las consecuencias es la limitación en la formación de profesionales femeninas en áreas relevantes como la medicina, situación que podría repercutir en el aumento de la mortalidad materna e infantil.
Por todo lo anterior, UNICEF hizo un llamado urgente a los talibanes para que levanten la prohibición y permitan que todas las niñas regresen a la escuela. La organización enfatiza que negar la educación a estas jóvenes tiene consecuencias que perdurarán por generaciones, afectando el futuro de las niñas y el desarrollo del país en su conjunto.
Violaciones a los derechos desde 2021
El 15 de agosto de 2021, los talibanes tomaron el control de Kabul, la capital de Afganistán, y desde entonces, las violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas han aumentado de manera constante. A pesar de sus promesas iniciales de permitir que las mujeres ejerzan sus derechos bajo la ley islámica, los talibanes han excluido sistemáticamente a las mujeres y niñas de la vida pública.
Desde el comienzo de este régimen, las mujeres no han tenido el derecho de ocupar cargos en el gobierno, quien disolvió el Ministerio de Asuntos de la Mujer, eliminando efectivamente su participación política. Además, los talibanes han prohibido a las niñas asistir a la escuela después del sexto grado y restringió el acceso de las mujeres a trabajos fuera del hogar.
Las restricciones sobre el movimiento y los derechos de las mujeres aumentaron considerablemente. En mayo de 2022, los talibanes ordenaron que las mujeres se cubrieran la cara en público y limitaron su movilidad, indicando que solo podían salir de casa en casos necesarios. Además, las mujeres sin acompañante masculino han visto negado el acceso a servicios esenciales.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres de América Latina y el Caribe expresó su preocupación por una nueva Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, promulgada el 21 de agosto de 2024, en la cual las autoridades reforzaron aún más las severas restricciones de las las mujeres y niñas, obligándolas a cubrirse todo el cuerpo y el rostro, prohibiéndoles hablar en público, relacionarse con no musulmanes, usar el transporte público solas y mirar a hombres fuera de su familia.
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